Este dictamen de la Corte Suprema chilena debe ser, ante todo, una lección que ojalá algún día aprendamos. Si Chile es un país democrático y próspero es porque nuestros vecinos han entendido que la Justicia y la Libertad sólo se alcanzan cimentando una auténtica independencia de poderes.
Ahora, sólo a nosotros nos corresponde hacer de este 21 de septiembre una fecha trascendente que sea, pues, recordada por las nuevas generaciones como el Día del Desagravio Nacional, el día en el que el regocijo nos inyectó una generosa cuota de esa esperanza que dice que el tiempo pone cada cosa en su lugar.
Es de elemental honestidad reconocer que dejarle todo el peso de las decisiones al poder judicial o “confiar en la justicia peruana” me resulta un olímpico dislate. Pero, es cierto, no nos queda otra. ¿Estarán nuestros magistrados a la altura de las circunstancias? No lo sé, esperemos que ellos, a los escépticos como yo, nos tapen la boca condenando a la versión nipona del Chivo dominicano.
Fujimori volverá al país y eso está bien. Lo que estaría mal es que el oportunismo político lo convierta en una estupenda cortina de humo de esas que pervierten al país y hacen las delicias de los viles y rufianes. Sería un error, también, que el aprismo y el fujimorismo armen soterradamente una posible alianza vituperable –que ya tiene un antecedente en las elecciones de 1990– que aligere el camino hacia la impunidad que, a partir de hoy, intentarán construir los carceleros de la memoria y los ensalzadores de la carroña como Carlos Rafo, sin duda, el florón de la corona. Hoy más que nunca debemos tomar nota estricta del voto unánime de la justicia chilena condenando la violación de los derechos humanos (La Cantuta y Barrios Altos).
Señores jueces y fiscales: si Alberto Fujimori ha hecho algo en vida no es sino arrinconar a la justicia, esquilmar al pueblo y sodomizar la libertad; méritos suficientes para recibir los rigores del calabozo más lóbrego e ínfimo en donde no quepan ni él ni su juez más inexpugnable: su propia conciencia.
Ahora, sólo a nosotros nos corresponde hacer de este 21 de septiembre una fecha trascendente que sea, pues, recordada por las nuevas generaciones como el Día del Desagravio Nacional, el día en el que el regocijo nos inyectó una generosa cuota de esa esperanza que dice que el tiempo pone cada cosa en su lugar.
Es de elemental honestidad reconocer que dejarle todo el peso de las decisiones al poder judicial o “confiar en la justicia peruana” me resulta un olímpico dislate. Pero, es cierto, no nos queda otra. ¿Estarán nuestros magistrados a la altura de las circunstancias? No lo sé, esperemos que ellos, a los escépticos como yo, nos tapen la boca condenando a la versión nipona del Chivo dominicano.
Fujimori volverá al país y eso está bien. Lo que estaría mal es que el oportunismo político lo convierta en una estupenda cortina de humo de esas que pervierten al país y hacen las delicias de los viles y rufianes. Sería un error, también, que el aprismo y el fujimorismo armen soterradamente una posible alianza vituperable –que ya tiene un antecedente en las elecciones de 1990– que aligere el camino hacia la impunidad que, a partir de hoy, intentarán construir los carceleros de la memoria y los ensalzadores de la carroña como Carlos Rafo, sin duda, el florón de la corona. Hoy más que nunca debemos tomar nota estricta del voto unánime de la justicia chilena condenando la violación de los derechos humanos (La Cantuta y Barrios Altos).
Señores jueces y fiscales: si Alberto Fujimori ha hecho algo en vida no es sino arrinconar a la justicia, esquilmar al pueblo y sodomizar la libertad; méritos suficientes para recibir los rigores del calabozo más lóbrego e ínfimo en donde no quepan ni él ni su juez más inexpugnable: su propia conciencia.
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